A principios de 1996 un grupo de periodistas de la Revista Posdata y algunas personalidades del mundo político, cultural y religioso del Uruguay decidimos realizar un esfuerzo comunicacional para replantear socialmente la necesidad de hallar los restos de los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar.
El objetivo era convencer a la mayor parte posible del sistema político y de la sociedad respecto a la necesidad ética de reorganizar a las fuerzas -más allá de la posición que hubiesen tenido con relación a la oportunidad y validez institucional o no de aprobar la ley de caducidad- para acceder a la verdad histórica sobre lo ocurrido con los detenidos desaparecidos.
En ese contexto se publicaron varias investigaciones periodísticas, se presentó un escrito ante el Poder Judicial (Rafael Michelini) y se convocó a la Marcha del Silencio del 20 de mayo.
A partir de ese esfuerzo, y durante casi tres años, en innumerables reuniones, se iniciaron las gestiones para que el Estado constituyese una Comisión de la Verdad, la que luego, cuando asumió la presidencia el Dr. Jorge Batlle, derivó en la formación de la Comisión para la Paz.
(Más adelante daré a conocer los nombre de las principales figuras que participaron de aquellas reuniones y que de una u otra manera apoyaron el esfuerzo).
Finalmente, como es público, durante el primer gobierno del Frente Amplio comenzaron a levantarse las barreras jurídico políticas que obstruían el conocimiento de la verdad y la aplicación de Justicia.
Pero veamos un poco más detenidamente cómo surge la confluencia de la acción de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Rafael Michelini con la acción de Posdata y en qué circunstancias comienza a hablarse de la “Operación Zanahoria”.
La primer acción periodística lo fue la publicación en la Revista Posdata del 26 de enero de 1996 de una nota titulada: “Secretos de la Dictadura”, en la que se daban a conocer documentos inéditos y se reproducían pasajes importantes del libro de Diego Achard: “La transición en Uruguay”.
El viernes 16 de febrero de 1996 se daba continuación a la serie de investigaciones con una información titulada en tapa: “desaparecidos, un paso hacia la verdad”, que en páginas interiores presentaba así la noticia: “Alta fuente militar reveló a Posdata destino de los desaparecidos”.
Posteriormente Posdata publicó el testimonio de integrantes asimilados de servicios de inteligencia durante la dictadura, el 26 de abril de 1996, en una edición titulada: “Secretos de la Dictadura II”.
Un año después, en abril de 1997, Posdata publicó una entrevista a un testigo que había declarado en los primeros meses de la restauración democrática, el 22 de mayo de 1985, al Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay -IELSUR-, al Servicio de Paz y Justicia -SERPAJ- y a una comisión investigadora parlamentaria, que él mismo había enterrado cuerpos en el Batallón 13.
“Desaparecidos. Yo los enterré”, se tituló el número 134 de la revista. (Volveremos sobre las declaraciones del ex soldado Ariel López Silva, entre otras cosas porque sus declaraciones contienen algunos pasajes que en estos días conviene tener presentes).
Fueron realizadas por primera vez… ¡en 1985!
Uno de los objetivos de esta nota periodística es poner en evidencia que desde ese momento hasta el presente, si bien se ha podido confirmar que los detenidos desaparecidos fueron asesinados y enterrados en las proximidades de los mismos centros de tortura donde ello ocurrió y que existen indicios suficientes para evaluar que hubo una decisión de exhumar algunos de esos cuerpos para hacer “desaparecer” a los “desaparecidos”, ahora en cuanto pruebas del terrorismo de Estado, muy en particular las evidencias del muy posible asesinato masivo y entierro en fosa común de los “pasajeros” del denominado “segundo vuelo”, todavía no disponemos de elementos de prueba suficiente ni para confirmar lo anterior ni para dar confirmación a la versión de la cremación y posterior “dispersión de los restos en el mar”, que emergió durante la investigación de la Comisión para la Paz.
Esto es, todavía queda una enorme deuda ética que saldar con la sociedad uruguaya: ¿en qué consistió exactamente, no la Operación Zanahoria, nominación que se consolidó a partir de la quizá interesada intención de instalarla con ese vocablo perturbador y confuso por parte de un general retirado al que enseguida referiremos, si no la “Operación Encubrimiento” del horror, que así debería designarse.
Volvamos a la acción periodística de Posdata a efectos de procurar analizar en qué momento se comienza a mencionar lo que luego se popularizó como “Operación Zanahoria”.
Decía así la nota del número 75 de Posdata: “Un muy alto oficial retirado con importante participación en elevados cargos jerárquicos del régimen militar que gobernó entre 1973 y 1984, bajo reserva de su nombre, afirmó a Posdata -en conversación de la cual nuestra revista posee pruebas fehacientes, materiales e incontrovertibles- que los detenidos desaparecidos durante aquel período murieron durante interrogatorios militares y que sus cuerpos fueron enterrados en predios correspondientes a diversos cuarteles de las FFAA”.
Y añadía, “según la fuente, el procedimiento utilizado en la mayoría de los casos para llevar a cabo las “desapariciones” era practicar un pozo vertical, con el auxilio de “una máquina de Ingenieros”, en donde se colocaba el cadáver de pie. El pozo posteriormente era cubierto, y frecuentemente, “se plantaba un árbol” en el lugar.
Decenas de testimonios a lo largo de los años mencionaron la existencia, en el Batallón 13, de pequeñas “islas” de sauces a la derecha de una cancha de fútbol y hacia el arroyo Miguelete – volveremos sobre esto más adelante- como el lugar donde habían sido enterrados los restos de los detenidos cuya detención nunca fue reconocida, por ello, desaparecidos. En el Batallón 13 funcionó el centro de torturas más “estable” (y brutal) durante los primeros años de la dictadura.
La nota de tapa de Posdata indicaba seguidamente: “El ex oficial aseguró también que, en un período posterior al de los enterramientos, que no identificó con claridad, “muchos de los cuerpos fueron removidos de esos lugares”, agregando que desconocía el destino que en esos casos habían corrido.
El informante, que luego se supo era el general Alberto O. Ballestrino, anotó durante la conversación con los periodistas y consigna la revista, que también debía contarse entre los detenidos desaparecidos a algunas personas “que se trajeron desde el extranjero”.
La nota concluye indicando que en una entrevista realizada por el investigador Diego Achard, (secretario personal de Wilson Ferreira Aldunate durante muchos años) y publicada en su libro, “La transición en Uruguay”, el teniente general Medina alude a una aseveración según la cual las FFAA durante la dictadura habían perdido “los puntos de referencia” y que esa formulación se procuraba indicar: “nosotros hicimos esto y reconocemos que lo hicimos”…
La cita al libro de Achard, en la nota de Posdata, obedecía a que los periodistas de la revista, incluido su director, Manuel Flores Silva, se reunieron con Ballestrino a raíz de tomar conocimiento de esa revelación sobre el destino de los desaparecidos que el militar confesó al investigador (y permítaseme el siguiente apunte personal, entrañable individuo), cuando éste lo entrevistó para aquel libro.
Inmediatamente después de la publicación de Posdata se reunió con Ballestrino el actual senador Rafael Michelini, quien, posteriormente, presentó, el 21 de marzo de 1997 una denuncia judicial para que se investigaran los hechos denunciados por el general.
Como estamos procurando aquí, entre otras cosas, escudriñar en el origen del uso de la designación “Operación Zanahoria” para calificar tanto al ocultamiento de los restos de los desaparecidos como a su posible posterior exhumación reproduciremos enseguida algunos fragmentos de la “ficha de trámite” de aquella acción de Michelini con base en las manifestaciones que le fueron realizadas por el Oficial General Alberto O. Ballestrino.
Dice la ficha de trámite judicial: “a) “Los detenidos desaparecidos en el Uruguay, fallecieron mientras eran sometidos a interrogatorios en unidades militares”. b) “Posteriormente los cuerpos de estas personas fueron inhumados clandestinamente en predios militares señalando al Batallón de Infantería Número 13 en la Avenida Instrucciones del Departamento de Montevideo y en el Batallón de Infantería Paracaidistas Número 14 en Toledo, Departamento de Canelones”. c) "En los años 1985 o 1986, algunos cuerpos habrían sido removidos de los lugares dónde fueron enterrados, en el marco de una llamada “Operación zanahoria” realizada por las Fuerzas Armadas”.
Seguía diciendo la ficha que ““la indefinición temporal, de las presuntas conductas denunciadas (remoción clandestina de los restos de los desaparecidos), crea un clima de dudas que hacen aconsejable a juicio de la Fiscalía, la aplicación de los arts. 3º y 4º de la ley 15.848”, ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado.
Y añade: “comparece el denunciante (Rafael Michelini) a prestar declaraciones expresando: a) Que el Gral. ® Ballestrino le “indicó que habían sido (los desaparecidos) enterrados en los lugares que indica la denuncia, pero que no sabía si estaban ahí todavía porque él tenía conocimiento de una posible operación de remoción a la que aludió como “operación zanahoria, con el objeto de hacerlos desaparecer”....”que no estaba seguro que esa operación hubiera existido”. b) Que el objeto de la denuncia es la “identificación de los restos y su ulterior entrega a los familiares”. y todo lo que la ley ampare al respecto”. c) Que la remoción de dichos cadáveres, según le expresara el Gral. Ballestrino, “habría ocurrido luego de la recuperación democrática (1º/3/85) y antes de la llamada ley de caducidad (22/12/86)”. d) Que la fuente que da origen al artículo de la Revista Posdata de fecha 16/2/96, es el Gral. Ballestrino. e) Que el Gral. Ballestrino “no estaba seguro si se había llegado a completar la remoción de todos los cuerpos en aquel momento”.
En conversaciones privadas entre periodistas, políticos, jueces y fiscales que participaron de aquellas acciones para colocar en la agenda pública la necesidad de dar con los restos de los detenidos desaparecidos surgió en aquellos días una versión según la cual los detenidos desaparecidos fueron enterrados en tanques anaranjados de metal donde se colocaron sus restos y a los que se añadía cal. Luego se procedía a colocar ese tanque en la tierra y se plantaba un árbol encima.
De ahí la designación como “Operación Zanahoria”, formulación deslizada por Ballestrino en por lo menos dos de las conversaciones que mantuvo entonces con periodistas.
El componente del entierro en “tanques anaranjados”, etc., fue luego desmentido por los hechos. Los restos hallados tanto en el 13 como en el 14 eran enterramientos primarios en posición horizontal aunque efectivamente cubiertos con cal.
Recuerde el lector lo que había enunciado Ballestrino a Posdata: “según la fuente, el procedimiento utilizado en la mayoría de los casos para llevar a cabo las “desapariciones” era practicar un pozo vertical, con el auxilio de “una máquina de Ingenieros”, en donde se colocaba el cadáver de pie. El pozo posteriormente era cubierto, y frecuentemente, “se plantaba un árbol” en el lugar.
Y recuerde el lector cómo quedó expuesta en la ficha judicial de la denuncia presentada por Michelini (y que en nombre de la ley de caducidad luego fue archivada) tanto la acción de enterramiento como la posterior exhumación:
a) Que el Gral. ® Ballestrino le “indicó que habían sido (los desaparecidos) enterrados en los lugares que indica la denuncia, pero que no sabía si estaban ahí todavía porque él tenía conocimiento de una posible operación de remoción a la que aludió como “operación zanahoria, con el objeto de hacerlos desaparecer” ...” que no estaba seguro (de) que esa operación hubiera existido”, etc.
En el transcurso del tiempo, esfuerzos interpretativos de las decenas de periodistas que dieron continuidad a las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos durante la dictadura formularon de maneras diversas estas informaciones consolidándose quizá a partir de ahí, no muy claramente, la designación “Operación Zanahoria” tanto para aludir al enterramiento en cementerios clandestinos como para aludir a la operación de encubrimiento que investigaciones periodísticas posteriores coinciden en señalar tuvo lugar en 1984 y fue ejecutada al mando de dos oficiales, los coroneles Juan J. Pomoli (hermano de Santiago, general) y Alfredo Lamy, el primero que ocupaba un cargo en el Ministerio de Transporte proveyó la máquina retroexcavadora y el segundo dirigió la acción junto a un teniente maquinista que dejaba el lugar cuando hallaba restos, según más adelante ampliaremos recurriendo al testimonio del coronel retirado Jorge “Pajarito” Silveira ante uno de los Tribunales de Honor implementados por el Ejército.
Tanto el trabajo del Grupo de Investigación en arqueología forense liderado por José López Mázz como el Estudio geoarqueológico realizado por Daniel Panario encontraron evidencia científica respecto a que hubo intervenciones en los Batallones 13 y 14 que pueden corresponder a acciones orientadas a la exhumación de restos para eliminarlos como prueba.
Pero también a un proceso de exhumación de cuerpos dispersos para juntarlos en algún otro lugar, obviamente cercano, porque otra acción hubiese demandado una logística más compleja y la participación de mucho mayor cantidad de personal.
En noviembre de 2009 el equipo de antropólogos encontró en el Batallón 14 una zona de enterramientos, en donde habrían estado enterrados militantes de izquierda asesinados por la dictadura, según informó al dar a conocer la presentación del documental “Las manos en la tierra”, el semanario Caras y Caretas.
”Sí”, responde el antropólogo José María López Mázz al periodista Roger Rodríguez que le pregunta por si encontraron “Arlington” en el Batallón 14. Según la crónica, así llamaban a un cementerio clandestino en ese predio militar, en referencia al cementerio de la casa de un general estadounidense, en donde se enterraron soldados de la guerra civil de aquel país, entre 1861 y 1865.
El hallazgo, que ocurrió apenas una mes antes de la suspensión (temporal posterior) de las excavaciones, consiste en una zona en la que hay pruebas de movimiento de tierra, con la marca de las máquinas que se utilizó para hacerlo y dos fragmentos óseos.
Para el antropólogo el hallazgo es “un indicio fuerte” pero se necesitan más evidencias para alcanzar una “conclusión que sea indiscutible”, dice la nota de Caras y Caretas.
Aunque no es el objeto de esta nota formular especulaciones, como hemos visto hasta aquí, no puede descartarse que las afirmaciones de Ballestrino en 1996 contuvieran “medias verdades” y “medias falsedades” y persiguieran algunos objetivos políticos…
Entre ellos el de responsabilizar al Dr. Julio María Sanguinetti de la decisión de eliminar las pruebas de los enterramientos en cementerios clandestinos.
Ballestrino pertenecía a la logia tenientes de Artigas, con la cual Sanguinetti, un conocedor profundo de la cuestión militar, tuvo durante décadas un enfrentamiento radical.
Si el lector revisa las declaraciones de Ballestrino publicadas más arriba observará que el general sugiere que las exhumaciones tuvieron lugar en 1985 u 86… en plena democracia, lo que no es compatible con el nivel de observancia que la sociedad tenía entonces sobre lo que ocurría o dejaba de ocurrir en los Batallones 13 y 14, ambos ubicados en zonas muy pobladas.
En agosto de 2006, uno de los más salvajes integrantes de los aparatos represivos detenido tras las acciones judiciales habilitadas por el Dr. Tabaré Vázquez, que con el asesoramiento del Dr. Gonzalo Fernández y del autor de este escrito excluyó de la ley de caducidad los casos más aberrantes de las prácticas de terrorismo de Estado, insistió significativamente en esta versión.
Los Tenientes de Artigas responsabilizaron a Sanguinetti por no haber evitado por siempre jamás la detención de represores durante la dictadura.
En una grabación que difundió el noticiero de Canal 4, el coronel (r) “Gilberto Vázquez denunció que a mediados del año 1984 Julio María Sanguinetti, que en dicha época era el candidato a la Presidencia de la República por el Partido Colorado, le dio órdenes al entonces comandante en jefe del Ejército, Hugo Medina, para que se borraran todas las huellas sobre enterramientos clandestinos”, constata una crónica del diario La República.
Añade la crónica luego:
“No quedó nada. Sacamos todo lo que se podía ubicar (en cuanto a restos óseos de detenidos desaparecidos durante la dictadura) y lo que en su momento no encontramos nosotros, no lo encuentra nadie”, reveló Vázquez.
El militar retirado relató que para llevar adelante la “Operación Zanahoria”: “Utilizamos máquinas, cambiamos la geografía (del predio), cambiamos el curso de un arroyo y donde había un pozo hicimos un cerro y donde había un cerro hicimos un pozo”.
Sin embargo, Vázquez sostuvo que “cuando se dijo que iban a llevar un georradar al lugar, con esa tecnología podrían haber encontrado algo, pero a mano no van a encontrar nada, a ojo no lo encuentra nadie, eso lo puedo asegurar”.
Veamos ahora las declaraciones sobre la Operación Encubrimiento, ante el Tribunal de Honor, del coronel Jorge Silveira.
Dice una nota de La República de abril de 2019:
El coronel retirado Jorge “Pajarito” Silveira confirmó ante el Tribunal de Honor militar que el coronel Alfredo Lamy fue el encargado de realizar la denominada “Operación Zanahoria” que consistió en desenterrar cadáveres de presos políticos sepultados en cuarteles, para desaparecerlos en forma definitiva. Dio los detalles del procedimiento.
En un tramo de la declaración, Silveira se refiere a la denominada “Operación Zanahoria” que ocurrió a fines de 1984, sobre el final de la dictadura.
El entonces jefe del Servicio de Información de las Fuerzas Armadas, Washington Varela, habría sido quien ordenó a Lamy encabezar dicha operación que consistió en desenterrar los cadáveres de detenidos –quienes habían muerto bajo torturas- y que habían sido sepultados de forma clandestina en el llamado campo Videla, un terreno ubicado en los fondos del Batallón de Paracaidistas Nº 14 en Toledo (Canelones) y en otras unidades. El plan era desaparecerlos en forma definitiva.
Silveira expresa ante el Tribunal: “Cada uno había dado a Lamy (los nombres de desaparecidos) para que lo hiciera en una operación zanahoria, no había dado nunca Gavazo el nombre de la de Gelman, por lo tanto había la posibilidad que el cuerpo estuviera”, en referencia a los restos de María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman.
La búsqueda de los restos de la nuera del poeta habían comenzado en agosto de 2005 en el Batallón N° 14. En aquella instancia el jefe del Ejército, Ángel Bertolotti, le comunicó a Macarena Gelman, que era un “99% seguro” de que se encontraran los restos de su madre.
Sin embargo, poco después la Justicia manejó la posibilidad de que María Claudia García de Gelman (hubiese sido) sepultada en el Batallón N° 13.
Sobre dicho caso, Silveira expresó que había comenzado a “trabajar, a tratar de ver quién tenía los huesitos de Gelman”, para que se “arreglara el tema de los derechos humanos”.
Pero los restos de la madre de Macarena Gelman nunca aparecieron.
Lamy se acordaba de todos los que había exhumado
Más adelante, sigue relatando la nota, “un integrante del Tribunal interroga a Silveira si piensa que el cuerpo de María Claudia de Gelman está todavía en el batallón. Ante lo cual Silveira expresa: “Lamy era una persona que dice que hizo el trabajo con una seriedad, pero por otro lado sé que Lamy no tenía ese nombre. No tenía ese nombre porque Lamy se acordaba de todos los nombres de todos los que había exhumado”.
Agrega: “El propio Lamy utilizaba un teniente de reserva con una máquina, pero el teniente de reserva hacía los pozos y si aparecía cualquier cosa rara que aparecía se tenía que bajar de la máquina e irse y Lamy hacía el resto”.
Silveira prosigue: “(…) Siempre se dijo que había quedado uno en el 13, que no sé si es ese que encontraron o…y dos en el 14, no sé, no tengo ni idea porque son… acá estoy hablando de comentarios”.
“Lo del caso Gelman sí lo estoy hablando lo que me comentó el coronel Rodríguez Buratti”, dijo.
Como observará el lector, aun cuando las exhumaciones hubiesen tenido lugar en 1984, la versión que varias fuentes militares dieron a la Comisión para la Paz sobre la “incineración” de los restos, en el caso del Batallón 13, parece muy difícil de validar.
En 1984 existían profundas diferencias al interior de los mandos del Ejército como para que una acción de tales características se realizara a la luz del día.
Cuando concluyó el trabajo de la Comisión para la Paz, uno de sus más activos protagonistas, que junto al Dr. Gonzalo Fernández revolvió cielo y tierra para tratar de obtener y aportar información real sobre lo acontecido, el Dr. Carlos Ramela, refirió así a la versión de la exhumación, incineración, (cremación) y dispersión de los restos “en el Río de la Plata”:
“PERIODISTA: Respecto con los restos sin confirmación, ¿se maneja la posibilidad que hayan sido cremados o tirados al mar? ¿Eso es lo que presenta, el informe?
RAMELA: Exactamente, el informe reconoce una versión que le ha sido transmitida por fuentes militares que, reitero, no hace suya, la transmite, porque entiende que es un tema que hubiese merecido otro tipo de comprobación objetiva, pero cumple sí con transmitirla y dar los elementos que le han sido suministrados.
Y más adelante en la misma conferencia de prensa de entrega del informe:
RAMELA: El informe dice más adelante que de esas dependencias (Batallones 13 y 14) fueron extraídos en su momento y cremados y tirados al mar. O sea que los restos, salvo un caso ocurrido en Uruguay, corresponde a Gomensoro Hoffman, cuya parte de restos, aparecieron, de acuerdo a esa información, no estarían hoy disponibles.
PERIODISTA: ¿En qué fecha fueron esos procedimientos?
RAMELA: Los procedimientos respectivos se habrían llevado a lugar a fines del año 1984”.
Como la sociedad uruguaya sabe posteriormente fueron encontrados restos de detenidos desaparecidos, dos en el Batallón 14 y dos en el Batallón 13.
En el Batallón 14 existe un horno de barro.
¿Pudo el grupo de tareas encabezado por Lamy trabajar por las noches durante algunas semanas en el año 84 en ambos Batallones y efectivizar la intención de eliminar las pruebas, esto es, hacer desaparecer definitivamente los restos de los detenidos – desaparecidos, tal como comentó por vez primera el general Ballestrino y luego reiteraron sin aportar pruebas decenas de oficiales?
Una acción de esas características, ¿pudo realizarse sin que ni un solo civil o personal de tropa haya visto nada?
Esta pregunta tiene que contestarla de una buena vez el Ejército uruguayo.
Pues en todos estos años ha habido declaraciones de civiles, como veremos más detenidamente más adelante, que informaron sobre los enterramientos; también decenas de acciones de contrainteligencia orientadas a alejar la búsqueda de los lugares donde efectivamente había y puede haber más restos, pero no ha habido ninguna declaración de personal de tropa ni de civiles sobre la “Operación Encubrimiento”.
Esto no quiere decir que la misma no haya tenido lugar, naturalmente. Pero queda en evidencia en la presente crónica que no disponemos de elementos suficientes todavía para dar cuenta de sus contenidos reales.
Detenidos – desaparecidos II
El viernes 11 de abril de 1997 la revista Posdata publicó el testimonio del ex soldado Ariel López Silva, presentado por vez primera en 1985 y que, según algunos analistas, fue determinante en la decisión de impulsar la ley de caducidad por parte de algunos políticos y militares.
Se procuraba evitar el ingreso de la Justicia a las dependencias militares donde se encontraban los cementerios clandestinos. Luego veremos por qué.
He aquí fragmentos de sus declaraciones en la entrevista que Posdata tituló en tapa: “desaparecidos, yo lo enterré”.
- Periodista: ¿Puede relatar hoy su testimonio?
- En aquel momento dije, sí, que yo los había enterrado y todo ¿no? Y que había sido procesado por la justicia militar y dado de baja por sacar del cuartel una carta de una presa…
- Periodista: ¿Usted dijo que llegó a enterrar cuatro o cinco cuerpos?
- Sí.
- Periodista: Incluso que alguno de esos cuerpos, por su peso, podía ser el de una mujer…
- Sí, por lo liviano que estaba o por medio flaco. Los presos comían muy poco también.
- Periodista: Usted dice que enterró cuerpos. ¿Fueron todos el mismo día?
- No. Fue en distintas veces.
- Periodista: Los militares de alto rango que hablaron ahora, (Ballestrino en 1996) llegaron a decir que mandaron enterrar los cuerpos parados...
- Los que yo enterré, era acostados…
- Periodista: … que les echaron cal encima
- Con cal viva…
- Periodista: … y que estaban envueltos
- Envueltos en una sábana blanca
- Periodista: … ¿Y que luego sobre ellos se plantaban árboles?
- Yo no. Pero se puede haber plantado árboles después.
- Periodista: ¿Dónde están ubicadas esas fosas dentro del Batallón 13?
- Ahí, junto a la cancha de fútbol. Donde se ve una cantidad de árboles. También a la derecha de la cancha, donde había una cabaña. Por ahí.
- Periodista: ¿Usted elegía el lugar donde enterrarlos?
- No. No. Te marcaban el lugar.
En otro fragmento:
- Periodista: ¿Puede recordar algún detalle de los cuerpos que le dieron para enterrar?
- No. Siempre estaban envueltos.
- Periodista: ¿Quién les ponía la cal?
- Yo les echaba todo. Ponía cal abajo, tiraba el cuerpo y les ponía cal encima hasta taparlos.
- Periodista: ¿A qué profundidad se hacían las fosas?
- A la profundidad de un metro, más o menos…
En otro fragmento:
- Periodista: ¿Vio otras fosas que hubieran podido cavar otros soldados?
- Puede ser que hubiera, yo no los vi. Eso se hacía de noche siempre.
Posteriormente la crónica de Posdata relata la “odisea” de Ariel López Silva, cuya ejecución, falsa, en Buenos Aires, se adjudicó en un comunicado un “comando”, la reiterada publicación de sus detenciones por delitos menores cuando quedó sin empleo magnificadas por algunos medios de prensa, hasta que comenzó a trabajar como feriante en Montevideo y concluye la nota: “La ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado fue aprobada el 22 de diciembre de 1986. Exactamente un año y siete meses después que Ariel López Silva hiciera su primera denuncia”.
La sociedad uruguaya desconocía entonces la existencia de otro cementerio clandestino en el Batallón 14.
Pero la demanda de verdad de la sociedad una vez superado el impacto de la aprobación social de la ley de caducidad volvió a emerger, con particular fuerza, en la segunda mitad de los 90.
En relación a la ubicación de los lugares donde se realizaron enterramientos en el Batallón 13 se realizó mucho más tarde, (una vez que la Justicia pudo y decidió “cautelar” el terreno), un muy serio trabajo de investigación de campo dirigido por el equipo de antropólogos de la Universidad de la República. También se recogieron muchos nuevos testimonios que reiteraban lo enunciado por López Silva.
Aquí interesa exponer dos de ellos a modo de mínima exposición de las dificultades que fue menester sortear para desenvolver la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Uno que procura contribuir a ubicar el lugar exacto en que se encontraba el cementerio clandestino y otro que corresponde a una de las tantas acciones de contrainteligencia orientadas en sentido contrario.
Constan en el primer informe del antropólogo José López Mázz varias testimonios que señalan al monte de Sauces cercano al Arroyo Miguelete del Batallón 13, a la derecha del campo de fútbol, como el principal lugar de enterramientos en ese predio militar.
Uno de ellos, significativamente, señala: “Hay un reflector debajo de un monte que queda al lado del arroyo Miguelete… El monte no es muy grande, es chico, no tiene muchos árboles, es muy chiquito” “Mis parientes me decían en el monte, NUNCA A LA ORILLA DEL MONTE”.
Los restos que fueron encontrados en agosto de 2019 estaban exactamente a la orilla del arroyo Miguelete y del monte, a centímetros del barranco que los separa.
Un testimonio directo de un exsoldado presentado en ese mismo informe señala al lugar de enterramientos sin embargo, así: "en el fondo del 13, en una laguna, (en realidad bañado) lindera a Ingenieros 5 y con la Gruta de Lourdes".
Una de las razones por las cuales pudo excavarse donde en agosto de 2019 aparecieron nuevos restos, lo fue el hecho casual de que por la prolongada ausencia de lluvias pudo accederse con la retroexcavadora a ese sitio, frecuentemente anegado por las aguas.
El informe de López Mázz señala también: “Existe información oficial de una posible intervención para recuperar esos enterramientos en el año 1984, la cual no habría conseguido ser exhaustiva.
La información recibida señala la existencia de al menos dos cuerpos que no fueron recuperados en esa instancia. La información es de setiembre de 2005.
En su informe de aquel año López Mázz subraya la importancia del Estudio Geoarqueológico realizado en 2004 a instancias del Juez Alejandro Recarey, luego desplazado a Juez de Paz, encomendado a Daniel Panario, Ofelia Gutiérrez y Elizabeth Onega que a través de un análisis foto aéreo identificó “sitios de interés”. Estos se definen en aquel trabajo que permitió luego delimitar esa zona como un espacio donde el Ejército no podía realizar intervenciones de ningún tipo, “modificaciones que no corresponden a la lógica del uso del espacio del cuartel”. Entre las cinco zonas que se indican aparecen los espacios en los cuales apareció el escribano Fernando Miranda y los últimos restos ubicados en la zona frecuentemente inundada junto al Arroyo.
Posteriormente el equipo de López Mázz retomó y perfeccionó este informe ubicando transformaciones edilicias realizadas en el interior de ese predio militar y del Batallón 14.
Esto porque entre los investigadores judiciales, y periodísticos existió siempre la duda que ahora resulta necesario definitivamente esclarecer:
La exhumación de los restos que en 1984 habrían realizado Pomoli y Lamy: ¿cómo concluyó?
¿Se agruparon todos los restos en otro lugar y se los procuró “encubrir” en algún espacio físico inaccesible, por ejemplo, debajo de una construcción?
¿Se cremaron algunos restos en el Batallón 14, donde se encontraba muy posiblemente la fosa común de los detenidos traídos desde Argentina en el segundo vuelo reconocido por la Fuerza Aérea (ver más abajo) y donde hay un horno de barro?
¿Pudo hacerse lo mismo en el Batallón 13?
Como ha quedado en evidencia en las últimas tres décadas, la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido con los detenidos – desaparecidos constituye el más grave conflicto espiritual que la sociedad heredó de las prácticas del terrorismo de Estado.
Un sinuoso camino pleno de dificultades, operaciones de contrainteligencia, restricciones judiciales, y pactos cívico militares cuasi mafiosos de silencio, han debido sortear víctimas, jueces, fiscales, periodistas, políticos, arqueólogos, antropólogos, defensores de los derechos humanos, para ir accediendo a fragmentos de verdad sobre lo ocurrido a este respecto durante la dictadura en Uruguay.
Uno de los principales obstáculos que resultó necesario vencer, y al que quizá no se le preste la atención debida, (además de la, matrizada en las lógicas de la guerra fría, teoría de los dos demonios y la ley de caducidad), lo fue la pretensión de instalar como “hecho inobjetable” que la dictadura uruguaya se diferenció, en cuanto su brutalidad represiva, respecto de las de Argentina y Chile.
Uruguay fue el país con más presos políticos por habitante de América del Sur, las torturas que se aplicaron tanto en la casona de Punta Gorda como en el 300 Carlos lo fueron idénticas a las promovidas por la doctrina de la seguridad nacional en todos lados, la pretensión de erradicar a los partidos de izquierda y las organizaciones obreras “por 50 años” también fueron semejantes, el anticomunismo, el antisemitismo y en fin, otras expresiones propias de la doctrina fascista también fueron hegemónicas entre los principales agentes de la represión, pero no fue sino hasta muchos, muchos años después de derrotada la dictadura que comenzó a disponerse de información que confirmara asesinatos masivos y cementerios clandestinos…
Esto último resultaba por lo tanto relevante encubrirlo a quienes aspiraban a relativizar el carácter fascista de sus prácticas y diferenciarse de los países vecinos con el propósito de evitar asumir sus responsabilidades políticas, éticas y penales.
Aquí radica la razón de fondo por la cual se organizó, tanto en su forma efectiva, (exhumaciones) como en su forma discursiva, (“los restos fueron cremados y dispersas sus cenizas” en un río), la Operación Encubrimiento.
La información de que disponemos hasta el presente permite presumir, con alto grado de convicción, que el origen de la decisión de exhumar los restos lo fue el intento de encubrir el asesinato masivo y entierro en una fosa común en el Batallón 14 de los detenidos del Partido por la Victoria del Pueblo traídos desde el centro de torturas Orletti en Buenos Aires cuando la dictadura argentina decidió cerrar ese lugar en el cual se habían ejecutado las acciones del Plan Cóndor. (Coordinación represiva de las dictaduras de América del Sur).
La confirmación del transporte aéreo que trajo a Montevideo a casi una veintena de militantes de izquierda la realizó la Fuerza Aérea uruguaya como respuesta a la decisión del Dr. Tabaré Vázquez en su primer gobierno de encomendarles a los comandantes en jefe de las tres fuerzas un informe sobre los detenidos – desaparecidos.
El periodista Roger Rodríguez realizó una prolija y muy extensa investigación sobre el “segundo vuelo”, así denominado porque uno anterior en el que también se habían trasladado presos políticos desde Buenos Aires concluyó con un montaje propagandístico según el cual a esos detenidos se los encontró, el 26 de octubre de 1976, organizando acciones subversivas en una casa del balneario Shangrilá. Ello permitió, no obstante, que no fueran asesinados.
Según decenas de informantes, los represores argentinos no entregaban detenidos si no era para su “ejecución”.
Así informó el periodista Roger Rodríguez los detalles principales del “segundo vuelo”, cuya importancia histórica radica, como hemos señalado, en que es posiblemente para encubrir esa monstruosidad y la igualmente brutal ejecución de María Claudia García de Gelman luego de parir a su hija, que se tomó la decisión de exhumar los restos de los detenidos – desaparecidos.
Rodríguez lo expone así:
“La existencia de un “segundo vuelo” con otro traslado masivo de prisioneros a Uruguay, fue señalada a este cronista por el represor argentino que aportó los datos que permitieron al senador Rafael Michelini localizar a Simón Riquelo, el hijo de Sara Méndez.
El informante subrayó que “de Uruguay a los argentinos nos han cobrado todo y mucho ha salido a luz, pero que no nos adjudiquen esas desapariciones. A los que no murieron en Orletti nosotros los devolvimos. No sabíamos que los del primer viaje estaban vivos, así que cuando cerraba Orletti se planificó otro viaje grande en el que se incluyó a todos los que quedaban”.
La fuente, miembro de la banda de Aníbal Gordon, agregó que incluso a los uruguayos se le “entregaron” cinco presos argentinos que estaban detenidos en Automotores Orletti para su “disposición final” en Uruguay. “Yo no participé en la entrega, pero creo que a esos últimos (desaparecidos) tienen que buscarlos en Uruguay”, subrayó el informante.
Los “datos” del “segundo vuelo”
La investigación periodística, iniciada (…) para la publicación Posdata Folios, (ediciones en formato diario del último tramo de la presencia editorial de la Revista Posdata) se comenzó a publicar en LA REPUBLICA a partir del domingo 17 de marzo de 2002, dos días después que los análisis de ADN en Buenos Aires confirmaban que un joven de 26 años que había sido criado por la familia de un policía era, como había dicho el informante, Simón Riquelo.
“Hay 32 nuevos casos de desaparecidos en Uruguay”, se tituló entonces, al sumar los 27 uruguayos desaparecidos en Automotores Orletti y los cinco argentinos que también se habrían entregado para su “disposición final”. El informante también había adelantado, luego de sucesivas entrevistas, que Gerardo Gatti, León Duarte y Roger Julién habían muerto en Buenos Aires.
Luego de un nuevo contacto con la fuente argentina, LA REPUBLICA publicó un nuevo capítulo de la investigación, bajo el título “Así desaparecieron 21 uruguayos en el último vuelo de la muerte: ocultan cementerio clandestino”, en el que se indicaba que el segundo vuelo había partido del aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires en la noche del 4 al 5 de octubre de 1976.
Se concluía que el traslado de esos de uruguayos a Montevideo para su desaparición implicaba su ejecución masiva y su “disposición” dentro de una fosa común en un cementerio clandestino cuya localización no había sido aún posible de ubicar. Razón de fondo del “pacto de silencio” entre militares que sólo reconocían muertes “casuales” en el marco de los interrogatorios.
La investigación difundida por LA REPUBLICA implicó que un militar, testigo presencial del arribo del segundo vuelo, aceptara hablar luego de veinticinco años de recordar como una pesadilla la llegada de una quincena de personas encapuchadas que descendían del vuelo 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU) procedente del oeste.
En un informe publicado el lunes 2 de setiembre de 2002, la nueva fuente confirmó que en la madrugada del 5 de octubre de 1976 vio llegar el avión que aparcó junto al hangar de la Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento (BMA) de la Fuerza Aérea en el Aeropuerto de Carrasco y que los civiles fueron subidos a camiones del Ejército para ser trasladado con rumbo desconocido.
La fuente militar indicó que el vuelo era piloteado por el mayor Walter Pintos, el copiloto era capitán José Pedro Malaquín (comandante en jefe de la FAU del gobierno de Batlle en el momento de la publicación) y el tripulante el capitán Daniel Muñoz. El operativo había sido coordinado por el coronel (av.) Uruguay Araújo Umpierrez, el director de la Fuerza Aérea en el SID en el año 1976.
La investigación de LA REPUBLICA, ampliada y reiterada durante los últimos tres años, que no había sido incluida ni siquiera como un dato que “no fue posible confirmar” dentro del informe final de la Comisión para la Paz, fue finalmente corroborada por el informe interno que la Fuerza Aérea Uruguaya le entregó al gobierno de Tabaré Vázquez”.
Hasta aquí la nota de Roger Rodríguez.
Como recordará el lector, el informe de la Fuerza Aérea da cuenta del vuelo, pero no especifica cuántos detenidos arribaron en él ni qué ocurrió con ellos.
Nota: Durante las investigaciones periodísticas que se relatan en esta crónica fue muy relevante y sacrificada la acción profesional de los periodistas Néstor Curbelo, Ivonne Trías y Ricardo Púa.
II
Cultura democrática, Ejército y neofascismo
La sociedad democrática del Uruguay, en su esfuerzo por acceder a la verdad sobre los crímenes de la dictadura, aprendió a poner en práctica una rigurosa acción político judicial, una paciente gestión técnico investigativa y una tesonera acción cultural y comunicacional.
Enunciado así, el texto apenas si dice algo sobre la epopeya.
Sobre las tensiones que caracterizaron al proceso, con jueces y fiscales desplazados, periodistas e investigadores amenazados, hurtos de implementos técnicos, amedrentamiento de testigos, permanentes acciones de contrainteligencia, operaciones mediáticas…
Algún día periodistas como Alberto Silva, que realizó un prolijo trabajo de sistematización de testimonios desde los tiempos de su colaboración con José Germán Araújo en CX 30 (el primero al que un testigo le relató enterramientos en el 13), Roger Rodríguez, Gabriel Mazzarovich, Georgina Mayo o Ivonne Trías por citar a unos pocos de medios diferentes y que no han dejado nunca de continuar las investigaciones, tendrán que exponer la entera complejidad de la sucesión de hechos cuyo propósito lo era el encubrimiento de la verdad.
Y algún día habrá que llegar a exponer, con crudeza y transparencia, los detalles de la acción más grave, ética y culturalmente, de la represión, cual fue la decisión – cualquiera que haya sido la forma de su ejecución- de exhumar la totalidad o parte de los restos de los detenidos – desaparecidos. De desaparecer a lo ya desaparecido. De encubrir el horror.
Las consecuencias de esa práctica primero de negación de la existencia de los detenidos desaparecidos y luego de eliminación de las pruebas de su existencia incluso en la forma de restos óseos no perjudicó, en la forma de traumas y dificultades para desenvolver la existencia vital con cierta normalidad, únicamente a los más directos familiares, hasta hoy, con casos que por delicadeza evitaré describir, sino la espiritualidad democrática que había sido consustancial a lo uruguayo y que trabajosamente la sociedad ha ido regenerando.
Pero es imprescindible señalar que la “Operación Encubrimiento” deterioró hondamente la calidad ética de la cultura general de la nación.
Y que una operación en curso, naturalmente menos salvaje, pero histórico culturalmente no menos perjudicial para la democracia está teniendo lugar en el momento en el que escribo: tratase de la “humanización” del neofascismo.
De la que participan muy diferentes actores que se hamacan entre los sectores más conservadores del Partido Nacional y Cabildo Abierto.
(Dicho muy de pasada, esta operación en curso, por las lógicas ultratradicionalistas que trabaja, está muy relacionada con el síndrome del “machismo”, responsable de la muerte de decenas de mujeres. Así como el encubrimiento del destino de los detenidos desaparecidos constituyó la más grave afectación a la ética de la democracia en el pasado, en el presente lo constituye esa amalgama de prácticas y discursos de clase, elitistas, jerárquicos, que es una de las causas de los femicidios).
Desde el 900 hasta la década del 60 del siglo XX el país había producido un desarrollo incremental de su cultura, en todas las esferas.
La dictadura constituyó, tanto por sus prácticas represivas como por su contenido fascista, un quiebre radical de aquel proceso, la instalación de unas acciones y unos discursos que empobrecieron hasta la caricatura al acumulado cultural tan trabajosamente construido.
La prolongación posterior de muchos de los relatos surgidos en los años previos a la dictadura y sellados en su transcurso, entre otras cosas por la lógica de encubrimiento de los hechos y la protección de sus responsables contribuyó a lo que con Arendt podemos denominar como “la banalización del horror”.
Tanto a partir de su actitud de respaldo a la demanda de verdad, como en las marchas del 20 de mayo, como a través de su aporte mesurado y lúcido a la regeneración general de la institucionalidad democrática en todos los planos, lenta, pero consistentemente, la sociedad uruguaya comenzó sin embargo hacia el final del siglo XX a recuperar la calidad de su cultura.
Desde la infraestructura en la que se desenvuelven las expresiones artísticas hasta la calidad profesional del Instituto Policial, para citar dos esferas bien diferentes que ponen en evidencia su extensión.
Como una isla en la que se preserva la suciedad del oscuro período dictatorial, permaneció ajeno a ese proceso de regeneración cultural, en cuanto institución, el Ejército de la República.
¿Cómo se explica ese fenómeno?
Además de la promoción del pacto cuasimafioso del silencio y el encubrimiento (impunidad) que perseguían objetivos políticos, (más allá de la ley de caducidad y sus complejidades históricas, de su aprobación mayoritaria, etc.) hay un componente que quizá ayude a comprender la reproducción insana de las lógicas del encubrimiento en esa institución del Estado.
Y que como difícilmente vuelva a escribir sobre esta temática resulta necesario, aunque muy sucintamente, exponer.
Resulta necesario explicar, comprender, ¿cómo es posible que una institución del Estado uruguayo, esto es, una institución perteneciente a uno de los pocos países que han logrado consolidar institucionalmente una democracia republicana plena, el Ejército, no haya tenido ni el coraje, ni la aptitud científico profesional ni político cultural de esclarecer hasta el hueso (literalmente hasta los huesos) los crímenes que protagonizó?
Que por lo menos una mayoría de la oficialidad no haya tenido la lucidez de recuperar el prestigio democrático artiguista de la Institución que integran para legar a las generaciones que les sucederían un cuerpo profesional preparado para afrontar los complejísimos desafíos del siglo XXI.
Para acercarnos a una posible respuesta a la degradación ética de las instituciones militares, que de eso se trata en suma, además de las razones evidentes ya enunciadas arriba (discurso de la guerra fría propagado por el ultra conservadurismo de algunas dependencias estatales de EEUU, ley de caducidad) existe una más, que corresponde dejar escrita.
Se trata de un proceso al que vamos a calificar como “la lumpenización” cultural de buena parte de los oficiales del Ejército uruguayo.
La crisis de la economía nacional que desde los sesentas hasta entrado el siglo XXI se tornó estructural, con períodos muy extensos de crecimiento muy poco significativo, produjo la emergencia de un empobrecimiento radical de vastos sectores de la sociedad.
Y la reacción histérica de las clases sociales terratenientes, de donde provenían varios de los oficiales, ante las demandas democratizadoras de las relaciones sociales de los sectores populares empobrecidos o que corrían el riesgo de empobrecerse.
Ciertamente, algunos de estos sectores sociales que pasaron a vivir en condiciones de pobreza extrema estructural, sobre todo los que dejaron de pertenecer a organizaciones sociales (prohibidas, demonizadas, etc.) y los fenómenos sociales que de ello se derivan generaron al mismo tiempo la emergencia de respuestas meramente “tácticas” del Estado uruguayo.
Políticas estatalistas y clientelares de empleo, y el aferrarse al beneficio de contar con ingresos estatales, por mínimos que fueran en algunos períodos, de miles y miles de personas que no disponían de otras alternativas en el “mercado laboral”.
No es aquí el lugar para realizar un análisis científico, económico social, del problema, pero, reitero, resulta necesario exponerlo mínimamente para contribuir a buscar explicaciones a la “lumpenización” cultural de algunas instituciones estatales, entre ellas del Ejército, durante la dictadura y hasta bien entrado el siglo XXI.
Pues aunque buena parte de los oficiales de las Fuerzas Armadas uruguayas provienen de familias de militares, algunas de ellas pertenecientes a las clases altas de la producción agropecuaria, o a las clases medias profesionales, el temor a perder legitimidad en cuanto la validación de su necesidad como institución con fines específicos necesarios para la sociedad operó negativamente respecto del posicionamiento político cultural de sus integrantes profesionales.
Muchos de los oficiales que participaron del aparato represivo por lo demás, a la salida de la dictadura, por las razones expuestas arriba, se convirtieron, lisa y llanamente, en delincuentes. Y fueron protegidos por las mismas razones. “Cuidar” el prestigio de la Institución militar.
Varios de esos represores participaron activamente tanto en las operaciones de encubrimiento de las prácticas del terrorismo de Estado como en las acciones de amedrentamiento de los ciudadanos que procuraron aportar datos para el esclarecimiento de la situación de los detenidos – desaparecidos.
Puede y resulta necesario escribir muchos ensayos sobre este proceso de lumpenización cultural de demasiados oficiales del Ejército uruguayo.
Pero no es el objeto de este artículo periodístico sin embargo, que lo que se propuso fue hacer notar que también la noción de “Operación Zanahoria” formó parte de la serie de prácticas cínicas, amorales, producto de esa lumpenización, al tiempo que procuraba describir los componentes principales de la “Operación encubrimiento” y, por razones personales, homenajear a algunas de las personalidades de todas las esferas que a su modo contribuyeron a resquebrajar la “lógica de la impunidad”.
Paralelamente a las investigaciones periodísticas de las que aquí se da cuenta, como ya se señaló, tuvieron lugar desde 1996 y hasta la conformación de la Comisión para la Paz, decenas de reuniones orientadas a lograr reunir las voluntades necesarias para revelar la verdad sobre lo ocurrido con los detenidos – desaparecidos.
El 10 de mayo de 1996, pocos días antes de la primer convocatoria a la Marcha del Silencio, realizada públicamente por el hoy senador Rafael Michelini, la revista Posdata publicó lo que denominó en tapa como una “crónica del principio del fin del silencio”.
La crónica periodística estuvo acompañada por columnas de opinión respaldando la necesidad de acceder a la verdad sobre lo ocurrido con los detenidos desaparecidos. Escribieron el dirigente frenteamplista Jaime Pérez, Matilde Rodríguez Larreta de Gutiérrez Ruiz, Rafael Michelini, el entonces obispo de Tacuarembó, Julio César Bonino, el autor de esta crónica, entonces editor general de la Revista y su director, Manuel Flores Silva.
En aquel proceso que comenzó en 1996, que luego condujo a la formación de la Comisión para la Paz y más tarde a la aplicación radical del artículo 4 de la ley de caducidad fueron protagonistas muchos dirigentes políticos, sociales, religiosos y culturales.
Al principio, en algunos casos, con reticencias sobre si resultaría conveniente o no “reabrir el tema”, pero luego, comprometidamente.
Contó aquel esfuerzo con el apoyo entre otros de Matilde Rodríguez, Alberto Volonté, Juan Raúl Ferreira y Luis Alberto Heber, del Partido Nacional, Manuel Flores Silva, Alejandro Atchugarry, y Guillermo Stirling, (los dos últimos dudaron durante algunos meses, pero luego se sumaron) del Partido Colorado, Pablo Galimberti (por la Iglesia Católica), Saúl Gilvich (de la comunidad judía del Uruguay) y, lógicamente, de los hermanos Michelini, Perico Pérez Aguirre, Familiares de Detenidos Desaparecidos, Gabriel Mazzarovich, el Dr. Gonzalo Fernández, Pepe D´Elía y el PIT – CNT en su conjunto, José “Pepe” Bayardi, Gonzalo Carámbula y muchas otras personalidades y periodistas que fueron plegándose.
Entre las personalidades cientos de artistas como Fernando Cabrera, Fidel Sclavo, (Editor de arte de Posdata), otro editor de Posdata, Roberto Domínguez, (Mapocho), el “Darno”, escritores, músicos, ensayistas, dramaturgos, cineastas…
Quede aquí registro de aquellas solidaridades que en este campo iniciaron el proceso de regeneración cultural de la democracia uruguaya.
Gerardo Bleier
En la foto Eduardo Bleier, cuya sonrisa y su praxis humanista perdura en la memoria, ese lugar más significativo que la tierra o el mar.
